El fiscal de menores de Granada, Rogelio Muñoz, ha advertido hoy de un aumento "alarmante" de la violencia de hijos a padres (especialmente en el tramo que va de los 14 a los 18 años) y ha llamado a una reflexión sobre cómo se establecen actualmente las relaciones familiares.
En los meses que llevamos de año el juzgado provincial de Menores ha abierto diligencias a 144 granadinos con edades comprendidas entre 12 y 14 años. Por ello, la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social lleva a cabo un ambicioso programa para prevenir la delincuencia juvenil en este margen de edad. "El objetivo es evitar que los chavales con expedientes abiertos en la Fiscalía hagan carrera delictiva", ha explicado la delegada de la institución, Magadalena Sánchez. El resultado del programa de intervención socio-educativa, que se viene realizando desde noviembre de 2007, "es positivo si atendemos al bajo porcentaje de reincidencia" de los jóvenes con los que trabajan, "que ronda el 1%".
Los delitos contra el patrimonio, entre los que se incluye diversos grados de robos y hurtos, así como destrozos, concentran el grueso de la tipología de "las diligencias que se abren en la Fiscalía", ha comentado el fiscal Rogelio Múñoz, quien ha añadido que en segundo grado de importancia numérica están las agresiones entre "iguales, que no suelen revestir grandes daños". No obstante, "con prudencia y sin querer alertar a la sociedad", ambos destacaron su preocupación por los malos tratos de los menores hacia sus padres, ya sean psicológicos o físicos. "No ha crecido excesivamente la cantidad de denuncias respecto al año 2008, un 1,5 por ciento respecto al periodo 2007-2008, pero sin duda es un tema al que se debe prestar una gran atención", ha enfatizado la delegada. Por su parte, Múñoz ha detallado que "hay un aumento brutal de casos en este tipo de violencia con los mayores de 14 años. Problema que requiere medidas urgentes".
El programa de prevención trabaja con 106 granadinos entre 12 y 14 años, un margen de edad clave porque, entre otras razones, legalmente constan como 'irresponsables en el ámbito penal'. La Fiscalía, por tanto, tiene la obligación de trasladar los expedientes de estos menores al programa de protección de menores, para que estudian sus casos y tomen las medidas opotunas. En este sentido, Múñoz ha explicado que desde el programa atienden una serie de criterios que escapan a las competencias de la Fiscalía, como "la posible existencia de motivaciones sociales, familiares o educativas en la acción delictiva". El fiscal ha redundado en la necesidad de ser proporcionales respecto al tipo de delito cometido, y ha añadido que a menores de edad por encima de los 14 años (entre 14 y 18) se les puede 'desestimar' la pena en caso de considerarse que haya otras medidas más oportunas como trabajos para la comunidad, los castigos ejemplarizantes defendidos por el juez Emilio Calatayud.
La asociación Imeris, encargada del trabajo de campo del programa, ha negado que existan perfiles de tipo socio económico en los menores a los que prestan servicios, si bien ha admitido que "hay un pequeño repunte de delincuencia juvenil en la zona Norte de la capital, aunque estadísticamente el área principal lo constituyen los municipios del cinturón, seguido de Granada Capital y La Costa", ha detallado su portavoz, María José Espigares. La responsable ha explicado que en sus desplazamientos a los hogares de los menores se marcan como objetivos "devolver la autoridad parental y hacer que tanto los menores como los padres se responsabilicen de sus actos" como medidas eficientes para prevenir la delincuencia juvenil.
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