El informe, elaborado a a
instancias de la Defensora del Pueblo, defiende las condenas de
localización permanente o los trabajos para la comunidad
Ideal Granada
La escena es deprimente: una jueza de Granada
‘intenta’ condenar a nuevo pobre que ha cometido un delito menor, pero
no encuentra una multa lo suficientemente leve como para que el reo
pueda abonarla. El acusado no tiene trabajo ni casa y percibe una ayuda
tan magra que apenas le llega para comer. La magistrada se desespera:
«¡Esto no puede ser!». El caso es real y, desde que la crisis empezó a
mostrar su colmillos, escenas como esta se repiten prácticamente a
diario en los tribunales de aquí y de allá.
Parece evidente que la ley debe adecuarse a una
realidad social en la que la ruina se ha democratizado y han alcanzado a
casi todos los estratos sociales. En este sentido, la Universidad de Granada
(UGR) ha propuesto al Gobierno que establezca un sistema que permita
conocer la situación económica de un procesado para ajustar las
sanciones a su posibilidades reales de pagarlas. Se evitaría así que
personas que han caído en la indigencia tengan que hacer frente a
desembolsos que no se pueden permitir, salvo que se quiten de comer,
claro. Además, el impago puede suponer una nueva acusación, esto es, la
creación de un círculo vicioso de muy mal pronóstico.
Para conjurar ese riesgo, los expertos de la UGR
apuestan por configurar «un procedimiento específico de investigación de
la capacidad económica del imputado y/o del condenado, con el fin de
dotar de contenido sustancial al sistema de ‘días-multa’, de manera que
el órgano judicial disponga de información suficiente para fijación de
la cuota diaria», indica la institución académica.
Pero el estudio de la UGR, que la universidad
elaboró a instancias de la Defensora del Pueblo y cuyas conclusiones
aparecen en el último informe anual de la institución –el referido a
2013– que dirige Soledad Becerril, defiende, sobre todo, la oportunidad
de que el Gobierno, a la hora de castigar los delitos de menor
relevancia, acuda en mayor medida a las condenas alternativas a la
prisión. De hecho, el documento recomienda llevar a cabo reformas
legales que, por ejemplo, ayuden a la generalización de las penas de
trabajos en beneficio de la comunidad, un instrumento habitual en la
justicia infantil y juvenil y que, tradicionalmente, ha producido buenos
resultados. Para los especialista de la UGR y, por ende, para la
Defensora del Pueblo sería necesario «aprobar una norma con rango de ley
que establezca las condiciones fundamentales de la ejecución de las
penas no privativas de libertad, incluidos los trabajos en beneficio de
la comunidad; en este último caso, en el artículo 49 del Código Penal se
detecta la ausencia de elementos relevantes del régimen jurídico de
dicha pena que deberían aparecer en una norma con norma de ley», insiste
el estudio.
También consideran que el Gobierno debería
«ampliar el ámbito de aplicación de la localización permanente»,
básicamente, las pulseras telemáticas que permiten tener controlado a un
preso fuera de los muros de la prisión.
A juicio de los expertos, este castigo podría dar
respuesta a «más infracciones y, para el caso de que terminen
desapareciendo las faltas», podría servir para «los nuevos delitos
menores que pudieran surgir», refiere el estudio.
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